ESCENARIO POLITICO
- El temor a la rendición de cuentas, detrás
del intento de albazo legislativo para amarrar las manos al Congreso del
Estado, de mayoría morenista, que ejercerá el control a partir de la segunda
mitad del sexenio de Claudia Pavlovih; en el affaire, Alfonso Durazo, consolida
su nuevo estatus de Jefe Político en la entidad.
José René Rosas
En el contexto de la hegemonía
gobernante de Morena en Sonora, lograda de manera contundente en el pasado
proceso electoral, Alfonso Durazo Montaño ejerció su estatus de nuevo jefe
político en la entidad y basado en ese poder, marcó la posición del control
fáctico que ostentan desde ahora los diputados locales electos, que a partir
del inicio de la próxima legislatura tendrán mayoría absoluta en el Congreso
del Estado; el posicionamiento morenista sobre la intención de los diputados del
PRI, de aprobar el veto del Ejecutivo a futuras iniciativas legislativas,
obligó a la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano a frenar el paquete de
reformas a la Constitución Política del Estado de Sonora, que se discutirían
este día en el pleno del congreso local.
Durazo Montaño, Senador electo y
virtual Secretario de Seguridad en el gabinete de Andrés Manuel López Obrador,
calificó la iniciativa como un intento de golpe de estado legislativo, que
pretendía anular el poder del futuro órgano legislativo, de mayoría opositora;
junto con los 21 diputados electos de Morena, fijaron su postura ante el albazo
que otorgaría facultades extraordinarias a la gobernadora Pavlovich Arellano,
para vetar las disposiciones de los legisladores que pudieran afectar los
intereses del actual régimen de gobierno estatal.
A través de un comunicado, ante la
presión de los morenistas y del rechazo social a las reformas, la mandataria
pidió al Congreso del Estado, actualmente dominado por 15 diputados del PRI y
sus aliados, con un solo diputado de Morena, posponer la discusión y eventual aprobación
de la iniciativa de reformas, que entre otros puntos incluía endosar a los
ayuntamientos la responsabilidad del transporte público, con una enmienda a la Ley General de Transporte del Estado,
así como la eventual eliminación del fuero a los servidores públicos en los
tres niveles de gobierno.
Esta primera escaramuza entre la
fuerza de Morena y el Ejecutivo Estatal, marca de antemano el inicio del
proceso de transición de la nueva legislatura y también de los gobiernos
municipales, que entrarán en funciones en septiembre, de hecho, aunque por ley
el periodo de entrega-recepción en los ayuntamientos empieza el 15 de agosto,
el conato de enfrentamiento entre Morena y el gobierno estatal, crea un
ambiente tenso de manera prematura para que la transición en los municipios se
realice en un marco de civilidad política, posibles situaciones que se deben
evitar en aras del bienestar social; el encono entre los ciudadanos de uno y
otro bando que dejó el proceso electoral, puede y debe superarse.
Y es que el escenario de fuerza
dominante que mantenía el gobierno estatal y el PRI, tuvo un drástico cambio a
partir del 1 de julio, de ejercer el control en los tres poderes, el régimen de
Claudia Pavlovich está contra la pared, el intento de albazo legislativo es una
clara evidencia de la estrechez en el margen de maniobra que tendrá el
Ejecutivo durante los próximos tres años con un congreso de absoluta oposición;
el punto de quiebre es el manejo de los recursos y la opacidad en el ejercicio
presupuestal, el temor de la rendición de cuentas de lo que pudieron hacer en esta
primera mitad del sexenio, tiene nerviosos a los integrantes del círculo
cercano a la gobernadora, otros más analizan la alternativa de abandonar el
barco, antes que el naufragio los arrastre.
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