ESCENARIO POLITICO

ESCENARIO POLITICO

- Eduardo Bours Castelo: Sonora fue entregado en concesión, como un Mc Donalds, a Manlio Fabio Beltrones por Enrique Peña Nieto; en este negocio Beltrones es el dueño de la franquicia y Ricardo Mazón es el gerente; sin embargo, este mito se acabó y la influencia del beltronismo está acotada desde el 1 de julio, sostiene el ex gobernador cajemense.

- El servicio del transporte público, un negocio lucrativo entre particulares y el gobierno en turno; en marcha la simulación para incrementar a 15 pesos la tarifa antes que entre en funciones la próxima legislatura estatal, dominada por diputados de Morena.

José René Rosas

En la ruta trazada para que el empresario Ricardo Bours Castelo construya un proyecto alternativo viable, que lo coloque en la antesala de la gubernatura en el 2021, la ofensiva política del poderoso grupo cajemense conocido como el Yaqui Power, concentra su ataque en un objetivo específico que resulta clave para avanzar en la encarnizada lucha sucesoria por el poder en la entidad, acotar el control que aún ejerce entre las facciones partidistas y empresariales Manlio Fabio Beltrones; sin embargo, el revés electoral que los sonorenses propinaron al esquema de candidatos impuesto por el ex dirigente nacional del PRI en el pasado proceso, presume un debilitamiento notorio en el margen de influencia del beltronismo y de paso derrumba el mito de que Manlio es el dueño de Sonora.

No es para nada casual que el ex gobernador Eduardo Bours Castelo, despliegue un inusitado activismo mediático abordando el tema del fracaso electoral del PRI en el estado y endose precisamente el costo de la debacle a Beltrones, responsable del rumbo equivocado que tomó el priísmo bajo su tutela, imponiendo candidatos afines a su grupo político por encima de los intereses de la base tricolor, simulación que fracturó a la militancia que terminó por alejarse de los proyectos electorales del tricolor; "no todo se debió a la ola de López Obrador, ya existía el antecedente de la inconformidad por el manejo del partido en el estado y municipios, así como de las acciones de gobierno, había hartazgo en lo local", sostiene el ex mandatario.

Durante su periplo de hace un par de día por medios hermosillenses, Eduardo Bours considera que el beltronismo es un mito y que el poder que se le atribuye está actualmente minimizado, no obstante, en una contradicción manifiesta, reconoce la amplia y compleja red de amarres, acuerdos, complicidades y alianzas de las que Manlio Fabio Beltrones dispone en todos los ámbitos de la política, pero a pesar de que es "terrible" esa maraña de relaciones, es hora de que suelte los hilos de las decisiones en Sonora, "la concesión que Enrique Peña Nieto le otorgó como si fuera un Mc Donalds, para que la operara a su libre antojo en perjuicio del priísmo sonorense y ahí están los resultados", fustigó irónico.

Asimismo, Bours Castelo señala al operador del grupo que en el estado ejecuta los intereses de Beltrones, el empresario capitalino Ricardo Mazón Lizárraga, cabeza visible de los beneficiarios que lucran con el presupuesto estatal, que vale decirlo, también es compadre del ex gobernador cajemense, solo que  "Mazón se ha formado y apegado al modo de accionar de Manlio y siempre ha jugado en ese bando, junto con un selecto grupo de empresarios bien identificados", sostiene. "Digamos que Manlio Fabio Beltrones es el dueño de la concesión y Ricardo Mazón ejerce como gerente", puntualiza.

Y es que la coyuntura que como saldo dejó el 1 de julio, es por demás aparentemente benéfica al Yaqui Power, ello en el contexto priísta, en virtud de que todos los candidatos ungidos por el poder beltronista mordieron el polvo  en la jornada electiva, los  que contendieron por diputaciones federales, las locales y las alcaldías, fueron derrotados por el empuje morenista y la percepción ciudadana negativa al PRI, hasta Sylvana Beltrones, a quien se apoyó con cuantiosos recursos, tuvo que tragarse la amarga realidad del rechazo del electorado sonorense, aunque hoy es senadora como mejor perdedora.

En este sentido, Eduardo Bours asegura que el proyecto de Sylvana para el 2021 es completamente inviable, fuera de posibilidad ya que difícilmente tendría la aceptación de los sonorenses, el golpe electoral sufrido no se fortalece en los próximos tres años, además, añade el ex gobernador, "no parece muy entusiasmada con esa idea". Con la experiencia vivida, la hija de Beltrones optaría por reorientar sus metas políticas en el centro del país, donde reside con su familia.

La debacle del transporte público en el estado

Convertido en un lucrativo negocio entre particulares y el gobierno estatal, el servicio de transporte público en el estado es el claro ejemplo de la corrupción y complicidad, que hace de esta actividad una permanente fuente de ingresos para los concesionarios prestando un pésimo sistema de transporte urbano; para el gobernante en turno es un negocio sexenal, en el periodo se renueva la flota de unidades compradas con dinero del erario estatal cuando menos en dos ocasiones, logrando con ello jugosas comisiones de las armadoras, como la alemana Mercedes Benz.

Los concesionarios reciben camiones nuevos generalmente cada inicio sexenal, a los tres años se les renueva la flotilla, a la par de los incrementos en las tarifas que permita la rentabilidad de la franquicia, que se autorizan también cada ciclo de tres años; aunado a esto, el gobierno estatal subsidia la operación del transporte colectivo, con la justificación de que el alza en las tarifas no impacte en el usuario, absorbiendo con ello alrededor de dos pesos por cada ciudadano que utiliza el servicio urbano, es decir, actualmente el usuario paga nueve pesos por un pasaje, pero en costo final para el concesionario es de once pesos, diferencia que paga el estado con los impuestos de los sonorenses.

De esta manera, según datos de la Dirección General del Transporte del Estado, en la primera mitad del presente régimen de gobierno, se han entregado 640 millones de pesos a los concesionarios por concepto de subsidio y tarifas especiales para usuarios de la tercera edad y estudiantes; en promedio son alrededor de 11 millones de pesos los que se entregan mensualmente a los prestadores del servicio; se argumenta que en la Ley del Transporte se establece este apoyo, sin embargo, la actividad es operada por particulares que prácticamente hacen negocio con recursos públicos, no dan cuenta de sus ingresos ni de sus ganancias, cuando por ley también deben hacerlo, actuando con total opacidad con el consentimiento de la autoridad.

La premura en este movimiento huelguista, en apariencia inesperado, obedece a la necesidad de implementar una justificación para el incremento en las tarifas antes del 16 de septiembre, antes que tome posesión la nueva Legislatura Estatal y que esta tome medidas para frenar el alza en el cobro del servicio, a través de la Comisión de Transporte, que en el actual Congreso preside el navojoense Jorge Márquez Cázarez;  no obstante, la faramalla está en marcha iniciando con el paro camionero como el de este martes, con el caos que se deriva de la falta del servicio en el transporte urbano afectando a miles de usuarios en las principales ciudades del estado, el argumento para la autorización del incremento, entre otros detalles, estará listo para ser anunciado, poniendo fin al presunto conflicto entre concesionarios y gobierno.

Pero a pesar de lo anterior el resultado es un pésimo servicio en el transporte público, las unidades se deterioran en poco tiempo de circulación por falta de mantenimiento, no se apegan a los ordenamientos como el contar con aire acondicionado en el verano, un sistema de pago adecuado y confiable; además, ante tales deficiencias el servicio es relativamente caro comparado con el nivel adquisitivo de los usuarios, el salario mínimo y la inflación.

Al final, esta película obedece a un guión establecido, acordado puntualmente entre los concesionarios y el gobierno actual, después de los paros camioneros para ejercer presión y que la voz ciudadana se alce exigiendo una solución al conflicto, que los afecta directamente, entrará en escena el Consejo Ciudadano del Autotransporte, el organismo que regula la operación en el servicio, autorizando una tarifa de 15 pesos, como lo exigen los concesionarios y quedará, después de las supuestas negociaciones, en una tarifa final para el usuario de quizá 12 pesos; el gobierno estatal hará su parte con el subsidio público, para garantizar a los dueños de los camiones un ingreso de 15 pesos por cobro individual y que el negocio conjunto conserve su rentabilidad.