ESCENARIO POLITICO

ESCENARIO POLITICO

- El "Caso Genaro" detona la salida de Valentín Gámez Granados de la  Comisaría de Seguridad Pública de Navojoa, sin embargo, el deceso del joven en circunstancias oscuras en las celdas de la corporación policíaca, obliga a ahondar en el origen del problema, la policía municipal se ha convertido en un factor de temor ciudadano, causa más pánico un retén que los delincuentes que asolan los barrios y colonias citadinas; a río revuelto, el PRI local y la CTM, politizan el tema.

José René Rosas

El deceso del joven Genaro Ruiz en circunstancias dudosas al interior de las celdas preventivas de la policía municipal, caso aún no esclarecido que involucra a elementos de la corporación, detonó el ambiente de irritación social en materia de seguridad y pone en el centro del debate un problema en ascenso que tiene que ver con la operación de los agentes policíacos, que a la inversa de su responsabilidad de garantes del orden y la paz social, se han constituido en un factor de temor ciudadano, que genera desconfianza en lugar de respaldo en cuestiones de elemental seguridad que reclama la ciudadanía navojoense; además, el Caso Genaro, aceleró la inminente salida del Comisario de Seguridad Pública Valentín Gámez Granados, quien de facto fue destituido por la alcaldesa Leticia Navarro Duarte, ante el clima de presión social producto de los acontecimientos citados.

Las autoridades municipales analizan de manera urgente el nombramiento de un encargado de despacho de Seguridad Pública, que valide el Cabildo, en relevo de Gámez Granados, para que se encargue de realizar los ajustes requeridos en la corporación en tanto la Fiscalía General del Estado de Sonora, que atrajo el caso para su investigación, determine las responsabilidades en torno al fallecimiento de Genaro Arce la madrugada del miércoles anterior tras ser detenido por elementos policíacos y llevado a los separos preventivos, donde horas más tarde apareció muerto por presunto ahorcamiento, versión que contradicen familiares del occiso, en virtud de huellas de golpes y tortura encontradas en el cuerpo de la víctima, que suponen otras causas del fallecimiento del infortunado joven.

Sin embargo, el problema de origen obliga a un replanteamiento sobre el fondo del modus operandi de los elementos de la corporación municipal, que se ha convertido en un factor más que opera en contra del interés social, como lo ciertamente lo expresaron algunas voces durante la reunión que sostuvieron con la alcaldesa Leticia Navarro manifestantes que exigen justicia por el Caso Genaro, causa más temor una detención de rutina en un retén policíaco que la inseguridad por delincuencia en colonias y comunidades del municipio; la actitud prepotente, intimidatoria de los supuestos guardianes de la ley, deja sin opciones de defensa a los ciudadanos que infringen una falta de tránsito u otro detalle menor, siempre te ponen contra la pared sin permitir argumentar y con la amenaza de trasladar a las personas a la comandancia más cercana, dejando abierta la posibilidad de un arreglo económico en el lugar de los hechos, acudir a la sede de la corporación, implica costos adicionales.

Las razones de este comportamiento son muy claras, los perfiles de los elementos policíacos en su gran mayoría, que no todos los agentes, se asemejan más a los requisitos de reclutamiento que los cárteles de la delincuencia organizada exigen para cubrir sus vacantes, en consecuencia, al operar con placa y charola, los policías evidencian la naturaleza de su formación delincuencial, que se manifiesta en hechos de extorsión, cohecho, agresión y literalmente asalto en despoblado. Cómo se llegó a esta situación implica una revisión retroactiva en administraciones municipales anteriores, sin embargo, a estas alturas lo urgente es aplicar medidas de solución por las consecuencias manifiestas en extremo como la muerte del joven Genaro.

Si en efecto los cárteles tienen infiltradas a las corporaciones policíacas, como lo muestra la realidad en Navojoa, también hay reglas, por llamarlas de alguna manera, que deben guardar el equilibrio en base a los intereses inmiscuidos, si el flagelo de la comercialización y consumo de estupefacientes es el motor que mueve este complejo entramado, que en términos financieros se ubica en el movimiento de la oferta y la demanda, es viable aceptar que si hay venta es porque hay demanda y esta última va en ascenso; se ha dicho y así funcionó durante bastante tiempo, que los cárteles presentes en la región mantenían a raya a la delincuencia, valga la ironía, porque ello afectaba sus intereses de mantener tranquilo el ambiente, ahora se supone dejaron de hacerlo o el asunto se les fue de las manos, lo que se antoja difícil por las pérdidas que se generan.

El anterior es un concepto real, propio de los tiempos, en una sociedad tan complicada por la pérdida  de los valores elementales de honradez, decencia y convicción, es ineludible adaptarse a las cambiantes condiciones de vida, porque no hay otra opción, aun cuando parezca extremo pero no lo es, los dueños de esta zona del estado, obviamente no las autoridades ni los empresarios, deben mantener el estado de paz social que antaño se vivía en esta ciudad, porque conviene a sus intereses pero a la vez es inminente necesidad de la sociedad; sin escandalizarnos ni darnos falsos golpes de pecho, las cosas están de esta manera, en descargo, se puede añadir que esta situación no es privativa de Navojoa, pero si a alguna persona que le ofrezcan la alternativa de vivir en Ciudad Obregón, seguramente la pensaría dos veces.

Al margen del contexto penal del Caso Genaro, la politización del tema está fuera de lugar, el PRI navojoense demanda la destitución de algunas autoridades locales como responsables de la muerte del joven, es estrictamente un delito, lamentable por supuesto, del fuero común y corresponde al Ministerio Público deslindar las implicaciones y culpabilidades si las hay; también la CTM, tratando de aprovechar la coyuntura, hace un posicionamiento como sindicato laboral, en virtud de que Genaro Arce era trabajador de la empresa SASA, cuyo contrato colectivo pertenece a un organismo afiliado a  esta central priísta.