ESCENARIO POLITICO

ESCENARIO POLITICO

- La peligrosa y delgada línea que pone a México al borde del autoritarismo mesiánico; sin el justo equilibrio entre poderes, Andrés Manuel López Obrador, con mayoría absoluta en el Congreso de la Unión, inaugurará el próximo 1 de diciembre, una nueva era en el Gobierno de la República que no está muy lejos del ejercicio de una dictadura.

- Con simulación e impunidad en la operación del sistema de transporte público en la entidad, el problema en el servicio a los usuarios, deficiente y de pésima calidad persistirá; urge una solución de fondo y esta implica rescindir las concesiones a los empresarios, responsables de la crisis y refundar con otro esquema, la operatividad de este medio de movilidad para beneficio de miles de sonorenses.

José René Rosas

La primera "concertacesión", de alcance nacional,  del gobierno de la Cuarta Transformación, que tras un acuerdo con el Partido Verde propició el regreso de Manuel Velasco a Chiapas, para terminar su periodo como mandatario en esa entidad del sur del país y que además hace posible la mayoría absoluta de Morena en el Congreso de la Unión, supone también un grave riesgo que conduce al autoritarismo presidencial, que pondría a México casi al borde de una dictadura, al eliminarse los contrapesos en el equilibrio del poder legislativo; con ello Andrés Manuel López Obrador, a partir del 1 de diciembre, no tendrá necesidad de negociar con otras fuerzas políticas para sacar adelante las iniciativas del Ejecutivo, por lo menos en los siguientes tres años.

El partido de AMLO logró el control de la Cámara de Diputados, sumando 252 escaños, después de que el Partido Verde le cediera cinco diputados, que necesitaba para completar la mayoría absoluta, a cambio de aprobar la licencia al gobernador chiapaneco, la cual se le había negado en una primera votación en el Senado, cámara que también domina; asimismo, Mario Delgado, coordinador de Morena en San Lázaro, será a la vez presidente de la Junta de Coordinación Política y de la Mesa Directiva de la cámara baja, con ello Morena asegura el dominio del partido en la agenda en el periodo de la LXIC Legislatura, que entró en funciones el pasado 1 de septiembre.

 Al margen de los beneficios que para los mexicanos podría tener el poder absoluto de López Obrador, que asumirá la Presidencia de la República el próximo 1 de diciembre, en virtud de que estará en posibilidad de ejecutar algunas promesas de campaña, como echar abajo la Reforma Educativa y activar programas sociales en beneficio de la población marginada, el riesgo del autoritarismo estará latente; cuando en un gobierno no hay los equilibrios de una democracia, la puerta para los excesos y el abuso del poder rondarán el Palacio Nacional; hay sobre todo, indicios en ese sentido, cuando se mezcla el fanatismo ideológico y el mesianismo, los resultados no siempre son buenos, remenber el caso venezolano.

Sin embargo, las expectativas optimistas que rodean cada inicio de sexenio en nuestro país, hacen posible que la población mantenga la esperanza con un cambio a su favor, que se combata el crimen y la corrupción, que la distribución del presupuesto sea equitativa, que se fortalezca el empleo y la inversión pública, que se garantice la seguridad, educación de calidad y una larga lista de demandas postergadas; valga la comparación solo como ilustración al respecto, cuando Vicente Fox sacó al PRI de Los Pinos, hubo una expectativa de bienestar para los mexicanos, pero al final terminó en desencanto, igual pasó con Enrique Peña Nieto, con el saldo negativo que deja al país en una de sus peores crisis política y económica, deteriorado el nivel de vida con alzas despiadadas en los insumos y la pérdida del poder adquisitivo de la población.

El problema del transporte público requiere soluciones a fondo

Durante el transcurso de los últimos quince años, desde el gobierno de Eduardo Bours, el servicio del transporte público en Sonora arrastra una crisis operativa, administrativa y de calidad, que requiere una urgente solución de fondo, no es posible refundar un esquema en la prestación de éste cuando sean las mismas empresas y sus dueños, quienes participen en esta reestructuración, al ser los mismos responsables de la problemática a los que se encargue el rescate del servicio a los usuarios; se necesita por lógica elemental, el desmantelamiento total de esta maraña de corrupción, entre el estado y concesionarios, para que se pueda aspirar a una eficiente organización, que de verdad ponga orden al recurrente y creciente problema en el servicio.

El Gobierno Estatal, garante por ley del servicio de autotransporte público, debe rescindir las concesiones a la fecha vigentes, está a la vista que los posesionarios de éstas, no han podido con la encomienda de establecer una operación digna en este medio de movilidad para la población usuaria; el estado eroga enormes cantidades en subsidios, 640 millones en lo que va del sexenio de Claudia Pavlovich y el servicio es pésimo, además los patrones están en términos financieros trabajando en números rojos, aunque retienen de sus empleados las cuotas por Seguridad Social, Infonavit y Fondo de Retiro, tan solo al IMSS adeudan más de 100 millones de pesos, al hacer caso omiso a la obligación de cubrir estas prestaciones laborales, en perjuicio de los choferes y demás planta de trabajadores.

Con tan solo un botón de muestra, la situación actual evidencia irresponsabilidad administrativa que redunda en una deficiente administración, que impacta finalmente en un servicio de mala calidad; si en efecto, el régimen estatal tiene la intención de subsanar de fondo el problema, debe actuar en rigor del mandato constitucional de velar por el bienestar de sus gobernados, cancelando las concesiones y convocando a la refundación del sistema del autotransporte, dando oportunidad a nuevos empresarios del ramo, bajo estrictas y transparentes normas de operación, con auditorías y las herramientas a su alcance; simular con lo han hecho hasta ahora, resultará en la misma gata, pero revolcada, como sabiamente cita el argot popular.