ESCENARIO POLITICO

ESCENARIO POLITICO

 - Ante el inminente choque de poderes en Sonora, entre el Ejecutivo y el Congreso del Estado, legislatura que entrará en funciones el 16 de septiembre, la reunión de López Obrador con la gobernadora Claudia Pavlovich el 21 de septiembre, plantea la última oportunidad para una solución al conflicto por la vía política; el camino legal, sería largo y sinuoso en perjuicio de los ciudadanos sonorenses.

- Uriel Silva Bours, el ex candidato del PRI al Distrito XIX, reaparece en las redes con un blog personal; aborda en su entrega de este día, la problemática del transporte, sostiene que los subsidios del gobierno estatal a los concesionarios, "no se han pagado".

José René Rosas

En un espacio de su próxima gira por Sonora, los días 21 y 22 de septiembre, Andrés Manuel López Obrador se reunirá con la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano y sin dudarlo, esta debe ser la oportunidad de que las fuerzas políticas, en este caso los alcaldes, diputados electos de Morena y el Ejecutivo Estatal, dejen de lado la confrontación para elaborar una agenda de trabajo conjunto, que permita afrontar de inmediato los problemas más urgentes que aquejan a los sonorenses, como la creciente inseguridad pública, la falta de empleo, la crisis del campo y el transporte, entre muchos otros; las pugnas partidistas y actitudes revanchistas deben quedar atrás, el ejercicio del gobierno implica una nueva perspectiva y altura de miras.

Difícilmente habrá una segunda ocasión, en el corto y mediano plazo, para que la mandataria estatal y el presidente electo, puedan establecer un diálogo de intercambio de opiniones, en momentos delicados de la coyuntura política que se vive en la entidad; Claudia Pavlovich tendrá ante sí al interlocutor más facultado para plantear una solución al eventual choque de poderes que se vislumbra en Sonora, entre el Legislativo y el Ejecutivo, producto de los resultados del proceso electoral, avivado por la aprobación de la Ley Veto, que abre un frente de conflicto con el Congreso del Estado, que estará conformado en su mayoría por diputados de Morena.

El antecedente es la disposición que tiene Morena, con el control absoluto de las Cámaras de Diputados y Senadores, para buscar un mecanismo político y jurídico, que pueda derogar las reformas hechas a la Constitución Política del Estado de Sonora, donde se amplían las facultades de veto para el Ejecutivo, contra resoluciones e iniciativas de los diputados en el Congreso del Estado, quedando abierta con ello la posibilidad de promover un juicio político a la gobernadora Claudia Pavlovich, con variados argumentos de sustento, así como un juicio de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Ambos caminos suponen recorrer una distancia muy larga, a juzgar por distintos precedentes de casos en que se ha intentado proceder con este tipo de recursos; el mismo López Obrador sabe de lo que se trata en carne propia, con el procedimiento de desafuero que se le aplicó para intentar sacarlo de la carrera presidencial en la elección que llevó a la presidencia a Felipe Calderón Hinojosa; el juicio contra AMLO fue por motivaciones políticas más que legales, resultó largo e infructuoso.

Este mismo camino podría derivarse en Sonora si no se destraba, por la vía política, el desencuentro que protagonizan anticipadamente la próxima legislatura estatal y la gobernadora como titular del Ejecutivo; sin en el Congreso de la Unión se impulsa una controversia constitucional por la aprobación del paquete de reformas, contra un Estado Libre y Soberano, significaría el fracaso de la civilidad y la disposición al diálogo, enfrentando a la Entidad contra la Federación, donde los únicos afectados serían los ciudadanos sonorenses.

La única alternativa viable sería un acuerdo de largo alcance antes del 13 de septiembre, que establezca el compromiso de la gobernadora Claudia Pavlovich  Arellano, de enviar una iniciativa al Congreso del Estado actual, para que sea este órgano del Poder Legislativo, el mismo que aprobó las citadas reformas, el que las derogue conforme a sus facultades; el gobierno federal en cambio, signará el compromiso de apoyo político y presupuestal para el estado, así como una relación institucional con el Congreso local, para legislar y trabajar en beneficio de los sonorenses los siguientes tres años.

Cabe señalar que el Diario Oficial del Gobierno del Estado publicó el paquete de reformas a la Constitución Política de Sonora el 13 de agosto, día que entraron en vigor y según la interpretación de un abogado constitucionalista,  tienen treinta días para realizar las modificaciones pertinentes; si se deja la tarea a la próxima legislatura, que entra en funciones el 16 de septiembre, no será posible que pueda realizarlo pues el plazo legal expira tres días antes, se tiene como último día para hacer los ajustes el día 13 del presente mes, a seis días de finiquitar el tiempo jurídico. Sin embargo, la reunión de AMLO y Claudia Pavlovich será hasta el 22 de septiembre.

Este día viernes 7 de septiembre, los legisladores federales por Sonora, acompañados por el Coordinador Parlamentario Mario Delgado y la Vicepresidenta de la Mesa Directiva, Dolores Padierna, sostuvieron una reunión en la Procuraduría General de la República, con su titular Alberto Elías Beltrán, precisamente para plantear la problemática de las recientes reformas aprobadas por el Congreso local, con el argumento de que vulneran la división de poderes y violan la Constitución; no se aprecia en esta acción intención de una resolución por la vía política.

Uriel Silva Bours: "El estado no ha pagado subsidios al transporte"

Mientras el Gobierno del Estado, a través de la Dirección del Transporte inició un proceso legal para la revocación de más de 400 concesiones a Sictuhsa, el sindicato que controla el servicio del transporte público, empezando con el retiro de 79 de estos permisos de operación, el Secretario de Organización del PRI Sonora, Uriel Silva Bours, contradice la información oficial de que el estado ha pagado puntualmente el subsidio a los concesionarios, un monto de 640 millones de pesos a la fecha, "subsidios que no se han pagado, por lo que los gastos han tenido que correr por cuenta de los concesionarios", afirma el ex candidato a diputado local priísta.

Después de su participación en busca del Distrito Local XIX, con cabecera en Navojoa, que perdió ante Griselda Soto Almada de Morena, reaparece en las redes sociales con un blog que lleva su nombre y en la entrega de hoy, aborda, desde su particular punto de vista, la problemática del transporte urbano en la entidad y la afectación a los usuarios. Por su importancia y actualidad, se reproduce el artículo de Silva Bours, quien pertenece al círculo cercano de la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano:

"Esta semana en el estado de Sonora muchas personas pasaron por grandes dificultades para llegar a su trabajo, la escuela o simplemente desplazarse por la ciudad. Esto debido a un paro del transporte público en las principales ciudades del estado, ya que los concesionarios exigen mejores condiciones económicas para prestar el servicio.

Esto se puede alcanzar por dos vías, un nuevo subsidio por parte del gobierno estatal o bien, un incremento en las tarifas del transporte urbano las cuales vendrían a golpear aun mas la economía de la familias sonorenses.

En el pasado se ha decidido dar apoyos a ciertos sectores vulnerables de la sociedad en el transporte, mediante un subsidio otorgado por parte del gobierno a los concesionarios. Subsidios que no se han pagado, por lo que los gastos han tenido que correr por cuenta de los concesionarios.

Esto, según los concesionarios, es una de las principales causas del deterioro en las condiciones y el servicio ofrecido en el transporte público. Sin embargo es verdaderamente lamentable que se haya decidido detener el servicio y que la ciudadanía como siempre sea el principal afectado. Ni los concesionarios tienen toda la razón, ni el gobierno el recurso suficiente para poder seguir subsidiando el transporte bajo el esquema actual.

Necesitamos de la participación de todos los involucrados, no solo para dar solución al problema presentado esta semana; Sino que realmente exista un plan a largo plazo que nos permita dar la importancia que merece la movilidad en el desarrollo de una ciudad.

Muchos urbanistas reconocidos a nivel mundial coinciden que la prosperidad o nivel de desarrollo de una ciudad no se mide en el numero de vehículos que hay en ella, si no por la calidad del transporte público.

Es una realidad que hoy en día en Sonora contamos con camiones en malas condiciones, con rutas insuficientes y con un mal servicio por parte de los operadores. Mas que buscar culpables es necesario encontrar alternativas que nos permitan replantear drásticamente la manera en la que enfrentaremos esta problemática en el largo plazo. Y porque no pensar en acciones concretas tales como:

–     Revisar y redistribuir de ser necesario las rutas de camiones para que cubran la mayor parte del territorio urbano y rural.

–      Establecer un plan de pavimentación coordinado con las autoridades de transporte para priorizar las rutas de transporte urbano.

–      Promover un programa de mantenimiento de vialidades y caminos no pavimentados por donde transita el transporte público.

–       Establecer medidas de seguridad que protejan a los usuarios, choferes y camiones.

–    Buscar modernizar la flotilla de camiones e invertir en sistemas alternativos de combustible para buscar disminuir costos y que estos sean mas amigables con el medio ambiente.

–       Necesitamos un transporte público que sea incluyente.

–    Exigir una capacitación adecuada en atención al cliente, operación del equipo y seguridad al volante a los operadores del transporte.

–       Mantener el subsidio para jóvenes estudiantes de preparatoria y universidad

–      Invertir en sistemas de tecnología que permitan no solo eficientar el transporte, si no también medir el desempeño del mismo.

La mayoría de los Sonorenses exigen un mejor servicio, antes de plantear modificar la tarifa primero es necesario elaborar un estudio con autoridades independientes que permitan dictaminar el costo que debe de tener el transporte; Una vez hecho esto establecer requisitos mínimos a cumplir por el servicio que el usuario está pagando y las consecuencias en caso de no hacerlo.

CAMBIOS

Poco después de las elecciones se planteo la posibilidad de municipalizar el transporte, la realidad es que los municipios no cuentan con la capacidad financiera y probablemente técnica para controlar y supervisar adecuadamente este servicio tan importante para la ciudad.

OPORTUNIDADES

Es necesario modificar la ley de transporte de acuerdo a la realidad que se vive en el Estado. Este puede ser el momento propicio para llegar a importantes acuerdos que permitan que el transporte público sea una prioridad dentro del plan de desarrollo.

Durante la legislación pasada se crearon los Institutos Municipales de Planeación, un reto importante que deben enfrentar es proponer junto con la dirección de transporte del Estado alternativas viables ante esta problemática". Hasta aquí el artículo de Uriel Silva.