ESCENARIO POLITICO
- El escándalo "huachicolero"
que salpica a Rosario Quintero Borbón, alcanza niveles inéditos: En el afán de
cubrir el desfalco de dos millones en combustibles que involucra a su familia,
la alcaldesa ordena elaborar un informe falso para justificar el fraude ante
los auditores del ISAF, sin embargo, a pesar de la presión, nadie acepta firmar
el documento apócrifo y con ello la tensión crece, ante la amenaza de despidos
y destituciones, en especial en Seguridad Pública, donde se tiene en la mira al
Comisario Luis Gerardo Villalobos.
José René
Rosas
El fuerte
olor a corrupción que emana del Palacio Municipal de Navojoa, ha trascendido
las fronteras de este municipio, auditores del Instituto Superior de Auditoría
Fiscal, ISAF, indagan en los registros contables y financieros del ayuntamiento
las presuntas irregularidades cometidas por las autoridades en funciones, en
específico el desfalco en el rubro de combustibles, que ya asciende a los dos
millones de pesos con tendencia a incrementarse; el escándalo derivado de este
acto de latrocinio, arrastra hacia el abismo político y jurídico, a la
alcaldesa Rosario Quintero Borbón, que acorralada, se confronta ahora con su
equipo de funcionarios provocando la parálisis operativa en las principales
áreas de la administración municipal.
Con varios
frentes de conflicto abiertos, Quintero Borbón trata de manera desesperada,
defender lo indefendible en torno a la responsabilidad de su hijo Irving
Escobosa en el fraude de la gasolina; ante la llegada del personal del ISAF,
ordenó elaborar un informe presupuestal que cuadrara los números en el gasto de
combustible del ayuntamiento, de forma que se empatara el consumo con el gasto,
es decir, un informe falso para salir al paso de las indagaciones del ISAF y
que este lo firmaran los titulares de la Secretaría de Programación y Seguridad
Pública, para avalar con ello que el combustible fraudeado se consumió en esas
y otras dependencias.
Sin embargo,
a pesar de la intensa presión ejercida por la alcaldesa para que firmaran el
documento, sin el sustento de las requisiciones y el resto del proceso
administrativo que sustenta el gasto, tanto Javier Garcés Rivas, de Planeación
y Presupuesto y Luis Gerardo Villalobos, Comisario de Seguridad Pública, se
negaron a firmar el informe apócrifo, sabedores que sería como admitir
literalmente que el robo de combustible fue perpetrado por ellos, con las
implicaciones legales y penales que el caso amerita, además de la destitución
inmediata de sus cargos.
Lo mismo
ocurrió en las demás áreas de otras dependencias a donde se enviaron
requisiciones de combustible elaboradas, con fechas anteriores, para que fueran
también firmadas e incluidas en el informe que se presentaría al ISAF, nadie
aceptó firmarlas; con este nuevo episodio, la tensión crece no solo hacia afuera,
sino al interior del ayuntamiento, el temor al despido y la incertidumbre de
cómo terminará el "affaire" del robo de combustible que involucra a
la familia de la alcaldesa Rosario Quintero; el rumor de posibles renuncias
masivas de funcionarios en las dependencias involucradas empieza a crecer, el
miedo a que se les carguen pecados ajenos es la razón principal y a como está
el desorden, no se descarta una jugada en ese sentido.
En este
contexto, los sectores empresariales, sociales y políticos en este municipio,
deliberan sobre la postura que darán a conocer sobre la fundada preocupación
del sesgo que está tomando el novel gobierno emanado de Morena; a nivel
partidista, también se prepara un deslinde, que sería de plano un rompimiento
con la alcaldesa Rosario Quintero Borbón, iniciando con ello un proceso que
podría llegar al Congreso del Estado a través de un juicio por desafuero, que
de ocurrir, sentaría un hito en la historia política del municipio.

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